Las plagas de topillo campesino y su gestión generan tensiones entre agricultores, conservacionistas, cazadores y la administración pública debido, entre otras cosas, a sus diferencias en intereses, valores, actitudes y percepciones. Comprender estos aspectos es esencial para establecer formas de gestión sostenibles, consensuadas y eficientes.
Los conflictos entre diferentes sectores de la sociedad en torno a la gestión de la fauna silvestre son en ocasiones muy intensos e incluso destructivos, especialmente cuando están involucradas especies de fauna que pueden causar daños a los intereses de alguna de las partes implicadas. En estos casos, los conflictos emergen cuando algunos colectivos se oponen a la idea de reducir la abundancia poblacional de las especies implicadas, demandada por la otra parte, o bien cuando dicho control implica el uso de métodos que son percibidos como poco éticos y/o como causantes de problemas medioambientales secundarios.
Un buen ejemplo lo encontramos en los conflictos que existen en relación a la gestión de las plagas de topillo campesino (Microtus arvalis), que de forma periódica afectan a amplias extensiones de terreno dedicadas a la agricultura intensiva en Castilla y León (España). Estos episodios están asociados a impactos ecológicos, socioeconómicos y sanitarios importantes, por lo que cuando ocurren se aplican una serie de medidas de control de la abundancia de topillos. Tradicionalmente estas medidas han incluido el uso de rodenticidas anticoagulantes (actualmente prohibidos), y ahora también la destrucción de los márgenes de los cultivos donde estos roedores encuentran refugio, y el control biológico mediante la instalación de cajas-nido que favorecen el asentamiento de rapaces que se alimentan de topillos.
Topillo campesino (Microtus arvalis).
Estas medidas buscan paliar los efectos negativos de la abundancia excesiva de topillos sobre la agricultura, pero organizaciones conservacionistas y cinegéticas se oponen a la aplicación de algunas de estas medidas, ya que el uso de rodenticidas o la destrucción de los márgenes de los cultivos, por ejemplo, suelen tener un impacto colateral negativo sobre especies de fauna protegidas y/o de interés cinegético. Estos diferentes puntos de vista suelen provocar conflictos entre las partes implicadas, comprometiendo la eficiencia de las medidas empleadas. De este modo, entender las posiciones de agricultores, cazadores y conservacionistas en relación a las plagas de topillo y su gestión es crítico para minimizar estos conflictos, ya que ello puede favorecer el diseño de soluciones consensuadas que fomenten formas de gestión sostenibles y eficaces.
Mediante entrevistas personales a agricultores, conservacionistas, cazadores y miembros de la administración pública realizadas en zonas agrícolas de Castilla y León, y el uso de métodos estadísticos específicos para analizar la información recopilada, investigadores del Centro de Ecología Funcional y Evolutiva de Montpellier (Francia), del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) y del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC – CSIC, UCLM, JCCM) han identificado cuatro “discursos” principales en relación con los orígenes de las plagas de topillo, sus consecuencias y su gestión, es decir, formas de estructurar el relato que son consistentes entre personas, pero distintas entre sí.
No existía un discurso único por cada grupo social, sino que, por ejemplo, había agricultores entre los entrevistados que mantenían cualquiera de los cuatro discursos principales.
La máxima divergencia se encontró entre un discurso que culpabilizaba de los problemas de los topillos a “todo el mundo excepto al agricultor” (éste era esgrimido, entre otros, por representantes de agrupaciones de agricultores), y minimizaba el impacto ambiental de la gestión, considerándola exagerada; y otro que consideraba que las plagas y su gestión son un desastre medioambiental causado por las prácticas agrícolas (este era mayoritario entre los conservacionistas entrevistados), por lo que consideraba que los agricultores son quienes tienen la responsabilidad de solucionarlo.
Un tercer discurso se centraba en que “el problema viene de las relaciones entre las partes” (refiriéndose a agricultores y conservacionistas). Este discurso era frecuente entre los representantes de la administración regional. Por otro lado, un cuarto discurso admitía los daños ambientales causados por la gestión de los topillos, pero no los consideraba inaceptables, sino que consideraba que “la administración pública necesita encontrar el equilibrio” entre los distintos costes (agronómicos, ambientales y económicos).
Cabe destacar que todos los discursos reconocieron que las plagas de topillo y su gestión son una preocupación de interés público, que las plagas tienen un efecto negativo sobre la agricultura y que el uso de veneno no es la solución.
Este trabajo revela que las disputas relacionadas con la gestión de las plagas de topillo están alimentadas, en muchos casos, por diferencias en valores entre distintos grupos, por aspectos de identidad subyacentes y/o por actitudes basadas en la forma en que se tomaron decisiones en el pasado. La tensión social en torno al conflicto permanecerá hasta que no se gestionen adecuadamente estas diferencias, lo cual es esencial para consensuar formas de gestión sostenibles y eficientes. El uso de mediadores independientes podría contribuir positivamente en la toma de decisiones en este tipo de situaciones conflictivas.
Puedes consultar la publicación científica de este trabajo de investigación en:
- Lauret, V., Delibes-Mateos, M., Mougeot, F., Arroyo-Lopez, B. 2019. Understanding conservation conflicts associated with rodent outbreaks in farmland areas. Ambio (2019).
